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Concesiones de Infraestructura Chilena

6 MIN READJuly 20, 2020
Los planes de infraestructura juegan un rol fundamental en la recuperación económica, a través de la generación de nuevos puestos de trabajo y proyectos de rápida ejecución. En las últimas décadas las Asociaciones Público-Privadas (APP) en Chile han sido muy importantes en el desarrollo económico del país, y se espera que los próximos años de estrechez fiscal lo serán aún más. Sin embargo, el impacto de la pandemia, más los efectos de la crisis social de octubre 2019, han causado un severo daño en la industria de concesiones en Chile, generando un cambio importante en la matriz de riesgos de los proyectos de inversionistas privados.

En la última reunión en línea de GRI Club en Chile, se contó con la participación de cinco destacados invitados: Alberto Undurraga, ex ministro de Obras Públicas y director de Futuro 3030, Loreto Silva, ex ministra de Obras Públicas y socia de Abogados Bofill Escobar Silva, Carlos Cruz, secretario ejecutivo de CPI, Leonardo Daneri, presidente de COPSA, quienes junto a más de 100 inversionistas y directivos del sector de infraestructura, compartieron distintos puntos de vistas acerca del estatus de los proyectos y que se proyecta en el futuro.

La existencia de tres crisis simultáneas en el país - sanitaria, social e hídrica -, sin lugar a dudas, han desafiado, como nunca antes, a la industria de concesiones, escenario en el cual el rol del estado para fortalecer las seguridades jurídicas que permitan la flexibilidad de los contratos actuales y futuros, garantizando el equilibrio económico, será fundamental. Mantener el interés de los inversionistas y el desarrollo de las APP en Chile, requiere de acciones rápidas que apunten en esa dirección, considerando que en los próximos años la competencia por recursos privados será a escala mundial.

Impacto y efectos COVID-19 en industria de Infraestructura

Todas las industrias han sido impactadas en distinta medida, como consecuencia de esta pandemia, donde la industria de concesiones no es la excepción. Las medidas de confinamiento y cuarentena implementadas por el gobierno en Chile han provocado la disminución significativa del tráfico de usuarios. Se observa que los sectores más afectados son aquellos cuyos ingresos son variables y se encuentran directamente correlacionados con la demanda de los usuarios, como las concesiones aeroportuarias y de autopistas, sin embargo, en el sector de hospitales también se observa un efecto importante, consecuencia del incremento en los gastos operacionales. Otro factor que incide en el impacto de esta crisis son las categorías de los contratos de concesión que se mantienen con el MOP, siendo las concesiones de plazo fijo aquellas que están en una situación más delicada.

Una de las consecuencias más importantes que ha tenido la pandemia sobre las empresas concesionarias, es el desequilibrio económico que se ha generado para el inversionista privado en la temporalidad evaluada de la operación, es decir, donde la inversión se esperaba rentabilizada. Esto evidentemente se relaciona con los niveles actuales de ingresos, que se encuentran muy por debajo de los ingresos esperados bajo condiciones de normalidad con las cuales fueron realizadas las inversiones inicialmente. Adicionalmente la incertidumbre que se arrastra desde la crisis social de octubre 2019, ha generado cambios relevantes en la matriz de riegos, al incrementar varios riesgos simultáneos, lo que sitúa a los inversionistas privados en una posición de desventaja en relación al equilibrio económico, así como el que se encuentra entre el manejo de riesgos y la ejecución de los proyectos.

La Agenda de Concesiones 2019-2023 en Chile ha observado una reducción en la velocidad de desarrollo, tanto por los efectos de la pandemia como por la crisis social de octubre 2019, generando una visión más precavida a los ojos de los inversionistas privados en relación con las inversiones en infraestructura en el país. Ellos están a la espera de la respuesta del gobierno, en cuanto a su nivel de involucramiento y flexibilidad, frente a temas tan relevantes como la actualización de la matriz de riesgo que rige las concesiones, la reformulación de las políticas tarifarias, y el rediseño del modelo de negocio de las concesiones por licitar.

Durante los últimos meses se ha observado un apoyo por parte del gobierno a las empresas pequeñas, medianas y grandes del país, a través de iniciativas tales como, la ley de protección al empleo y los créditos con aval del estado. No obstante a ello en el sector de concesiones no se ha observado el mismo apoyo del Estado, lo que ha repercutido en el sector, transformándose en el principal desafío para poder superar esta crisis.

En los próximos años, de acuerdo con lo comentado en el foro, el rol de inversionistas privados será más importante que nunca en el sector de infraestructura, capaz de equilibrar los niveles de déficit fiscal en el futuro, considerando el elevado gasto fiscal del gobierno producido por la pandemia. En las décadas anteriores, el desarrollo de la infraestructura en Chile fue fuertemente impulsada, gracias a la seguridad jurídica, a través de la inversión privada, estableciendo reglas claras para los concesionarios y financistas. Asimismo, serán clave para el desarrollo futuro de las APP, regulaciones claras y la confianza por parte de los inversionistas, así como también, la flexibilidad para adaptarse a las nuevas demandas sociales. La negociación de buena fe de los contratos de concesiones entre los inversionistas privados y el gobierno, facilitarán y permitirán seguir desarrollando el sector de infraestructura en Chile, convirtiéndolo en parte importante del motor económico para superar los efectos de la pandemia. 

Desafíos y visión hacia el futuro

Teniendo en consideración el fuerte efecto que ha tenido el desarrollo del sector de infraestructura para impulsar el desarrollo y crecimiento del país en las últimas décadas y que este sector es hoy uno de los que se encuentra fuertemente golpeado por los efectos ocasionados por el COVID-19, pone en evidencia la necesidad de inversión privada en infraestructura, a través de las APP, como un elemento propulsor para contribuir a la reactivación de la economía, en el corto plazo mediante obras de rápido impacto y ejecución con mucho énfasis en la creación de empleo, en el mediano y largo plazo con proyectos que ayuden a resolver brechas productivas y sociales.

Asimismo, será muy relevante definir cómo se generan los incentivos y las políticas más apropiadas para estimular el sector de infraestructura en un contexto de alta incertidumbre y constante cambio, en un entorno que sea atractivo, que sea sustentable y eficiente tanto en el corto como en el largo plazo, para los inversionistas privados.
En el actual contexto de alta presión social y de menor participación del sector público como financista de proyectos de infraestructura, surge la necesidad de dar fuerza y volver a relegitimar las APP. Siendo muy importante definir un nuevo marco regulatorio que impulse este tipo de asociación, entregando seguridad jurídica, estabilidad e incentivos con reglas claras.

En segundo término, también será muy necesaria la revisión de las políticas tarifarias. Esta reformulación deberá tomar en consideración la creciente presión y a su vez el cuestionamiento social que existe con respecto a los modelos tarifarios de infraestructura vigentes. Siendo imperativo en el futuro reformular una política tarifaria que resulte atrayente y segura para los inversionistas, como también otorgarle la validación social que requiere, abriendo paso para la implementación exitosa, tanto de los nuevos proyectos en agenda, como de aquellos que se encuentran en funcionamiento.

En tercer lugar, este sector aún cuenta con muchos componentes incorporados décadas atrás, con debilidades que han quedado al descubierto ante el adverso escenario actual y que requieren ser urgentemente atendidas. En este sentido, surge la necesidad de incluir un mayor dinamismo en el sector, de modo tal, que los contratos sean lo suficientemente flexibles y se adapten según las características propias de cada tipo de industria y modelo de negocios, con el objetivo de proteger los equilibrios económicos, frente a cambios naturales de la industria, conocidos como los “shocks events”, como por ejemplo escenarios adversos como el actual. En línea con esta flexibilización para el sector, es relevante la implementación de una política tarifaria que acompañe apropiadamente estas medidas.

La necesidad de modernización, es un cuarto elemento a considerar dentro del sector, donde entre otros, se incluye el aporte que pueden generar los avances tecnológicos. También es necesario identificar cómo las nuevas tecnologías pueden propiciar mejores estimaciones y mejores estándares de servicio en la industria, recogiendo así el valor de ellos en la confección de los contratos y el marco regulatorio y durante la operación de los proyectos.

Finalmente, reforzar el rol que tendrá el Estado en este proceso de revisión y renovación del sector de infraestructura en el país. La situación macroeconómica actual demanda una mayor dependencia de la participación de privados y otros terceros para el éxito de los proyectos de infraestructura. Sin embargo, el Estado, en su carácter de principal socio estratégico, deberá en primera instancia, tener una posición proactiva, que permita acoger estas reformulaciones para asegurar una correcta y óptima transformación del sector.

Conclusiones finales

El sector enfrenta la necesidad de una revisión profunda de la legislación de las concesiones, que se adecuen de manera rápida a la nueva realidad actual, donde serán ámbitos clave: flexibilizar los contratos que se sean capaz de adaptarse y responder a escenarios de crisis como el que enfrentamos, ajustarlos por industrias, sumado a una profunda redefinición de la política tarifaria que otorgue estabilidad y retornos apropiados y la modernización del sector, ayudaran a mejorar la seguridad jurídica que pueda garantizar el equilibrio económico y financiero de las empresas concesionarias. De esta manera, reconstruirá la confianza de los inversionistas en el mercado de infraestructura, aumentando su apetito inversor, sin olvidar la necesidad de a la vez resguardar el rol del Estado. Donde, una tarea pendiente y urgente es la relegitimación de las Asociaciones Público-Privadas frente a la opinión pública.

Todo lo anterior permitirá dar continuidad al éxito y crecimiento que ha tenido el sector en las últimas décadas, y más importante aún, impulsarlo como motor de desarrollo para el crecimiento económico del país en los próximos años.

Como reflexión final, destacamos la necesidad de tener presente  que los actores de este ecosistema son tanto el sector privado como el estado; Donde ambos juegan un rol clave en ser parte activa de la redefinición y reasignación de la matriz de riesgos que vaya acorde con las necesidades del mercado y la sociedad, especialmente hoy, cuando el sector de concesiones es altamente vulnerable, donde en última instancia y de ser necesario, el Estado debe considerar su rol de “prestamista de última instancia” (“Lender of last resort”) porque dejar caer un mercado tan grande e importante no puede ser una opción.

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Nota: Este documento refleja solo las notas capturadas durante el e-meeting organizado por GRI Club, pero no representan en ningún sentido alguno la opinión de KPMG.

 
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