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Infrastructure

Inversiones en energía e infraestructura en Perú

Percepción y propuestas para el desarrollo de ambos sectores en el país

February 23, 2022

Introducción y Contexto

 El Perú atraviesa una actualidad compleja a causa de distintos factores ocurridos durante los últimos años. La pandemia ocasionada por el Covid-19 y la inestabilidad política, que han tenido un impacto negativo en la actividad económica e inversión privada en el país, particularmente, también han tenido impacto en el desarrollo de proyectos de energía e infraestructura, aunque nos sean la principal causa de su retraso y ejecución. Una muestra de ello es la limitada oferta, desde hace algunos años atrás, de proyectos a desarrollar a través de la modalidad de Asociaciones Público-Privadas. Así como la limitada ejecución del “Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC)”, lanzado en julio de 2019, el cual, a la fecha, tiene un avance de ejecución financiera de aproximadamente 16%.
 
En este contexto, GRI Club, en conjunto con la firma Cuatrecasas en Lima, organizaron el primer Club Meeting del año para reunir a distintos representantes de los principales actores del sector privado y financiero en el ámbito nacional, con el objetivo de intercambiar perspectivas y discutir propuestas en favor del desarrollo del sector energético y de infraestructura en el país, así como en preparación para la Conferencia Anual organizada por GRI Club, a ser realizada el 10 de marzo de 2022 con la participación de diversas autoridades relevantes del sector público y principales actores del sector privado y financiero.
 
En el marco de lo antes indicado, se estima que, en el corto o mediano plazo, se podrán concretar y ejecutar proyectos que puedan ser de interés tanto para el sector público, inversionistas privados y población en general, incluyendo, entre otros, líneas de transmisión, nuevos hospitales, colegios y otros centros educativos. Sin perjuicio de ello, a efectos de poder atraer el interés de mayor inversión en infraestructura y energía en los siguientes años, en el presente documento se resumen las principales recomendaciones y propuestas derivadas del primer Club Meeting del año organizado por GRI Club, en conjunto con Cuatrecasas.

Capacidad de Decisión e Independencia Técnica

Uno de los principales problemas identificados en la reunión por los actores del sector privado e inversionistas fue la falta de toma de decisión por parte de los funcionarios públicos durante el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura, lo cual es atribuible, en otros, a presiones por potenciales investigaciones de contraloría (justificadas o no), ruido mediático o presiones políticas, lo cual muchas veces deriva en inacción o falta de toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos. Se concluyó y se recomienda que esta situación sea mitigada brindando una mayor independencia y autonomía a funcionario públicos calificados y que ocupen posiciones clave y de toma de decisiones en entidades del Estado relevantes para el desarrollo de proyectos y APP (incluyendo a ProInversión). Asimismo, de manera similar a experiencias comparadas en otras jurisdicciones, se deberían aplicar en la práctica las consecuencias legalmente previstas en caso de que un funcionario público no se pronuncie dentro de los plazos legalmente establecidos, de manera que se desincentive la falta de toma de decisión.
 
Otro problema recurrente identificado es la sobreposición en el ejercicio de las funciones por parte de distintas entidades de la administración pública en el desarrollo y ejecución de proyectos, pues suelen presentarse situaciones en que distintas instituciones y sectores emiten pronunciamientos contradictorios entre sí al momento de calificar o durante las distintas etapas de un proyecto. A efectos de remediar esta situación, se recomienda que las funciones y roles de las distintas entidades del Estado que intervienen en el desarrollo y ejecución de un proyecto sean delimitada claramente a nivel de regulación legal.
 
Por su parte, se identificó que, en muchas ocasiones, los mecanismos de solución de controversias previstos en los contratos de concesión o de APP no son efectivos en la práctica para solucionar las disputas que se presentan. Al respecto, se sugiere la implementación de mecanismos alternativos que involucren a terceros independientes de manera efectiva, como los Dispute Boards o peritos o técnicos independientes calificados, en adición a mecanismos de solución de controversias como el arbitraje (nacional o internacional) normalmente utilizados en este tipo de contratos.  

Seguridad Jurídica en el Marco Normativo

Uno de los principales aspectos necesarios para promover y garantizar la bancabilidad de un proyecto es la estabilidad y certidumbre en el marco normativo aplicable a las inversiones en cierto país. Hasta hace relativamente pocos años, el Perú tenía prestigio y reconocimiento internacional como un país atractivo para la inversión privada y con un marco jurídico cierto y seguro para proteger la inversión privada, sea esta nacional o extranjera y sujeta a las mismas condiciones. Sin embargo, esta percepción del Perú como un país atractivo para la inversión privada se ha visto dañada en los últimos años afectada por la inestabilidad política y económica, esta última también debido a los efectos negativos de la pandemia del Covid-19. Asimismo, en el Club Meeting se destacó que, en los últimos años, se ha visto una tendencia a cambiar la modalidad de retribución a los concesionarios en nuevos proyectos en Perú, pasando del anterior modelo utilizado en distintos proyectos de Retribución Por Inversión – Certificado de Avance de Obra (RPI-CAO) o esquemas similares, a otras modalidades no tan seguras o ciertas para retribuir la inversión realizada, como los Pagos Por Disponibilidad (PPD), que no necesariamente resultan aplicables a todos los proyectos en el Perú. 
 
Al respecto, los invitados del sector privado coincidieron en que no contribuye a la estabilidad y certidumbre jurídica -necesaria y clave para incentivar la inversión privada- los intentos por un cambio de la Constitución Política del Perú a través de una Asamblea Constituyente, como ya se ha visto en experiencias comparadas en otras jurisdicciones de la región. 
 
Asimismo, actores del sector financiero, indicaron que resulta especialmente dañina la falta de predictibilidad e incertidumbre en el marco jurídico en relación a la bancabilidad e inversión en nuevos proyectos. Para que el país y su pipeline de proyectos sean atractivos para inversionistas privados, se debe poder contar con certidumbre y seguridad sobre el marco jurídico aplicable durante el desarrollo y ejecución de cierto proyecto, de manera que los riesgos puedan ser adecuadamente administrados o mitigados. En tal sentido, se recomendó que cualquier cambio al marco constitucional o legal sobre promoción y protección de la inversión privada sea discutido de manera necesariamente técnica y específica en relación con aquellos aspectos del marco jurídico que se pueden modificar para mejorar la regulación aplicable.

Mayor Promoción de Energías Renovables  

A pesar del amplio interés que existe en el mercado internacional por las inversiones verdes, el desarrollo sostenible y la energía renovable, los actores del sector privado coincidieron en que el Perú no ha sabido capitalizar o explotar adecuadamente el interés para atraer una mayor inversión para incrementar el desarrollo de proyectos de energía verde o renovable. Al respecto, el mercado ya ha demostrado tener apetito por este tipo de inversiones y proyectos, por lo que bastaría solo una mayor iniciativa pública para promover y licitar nuevos proyectos de energía renovable, que es un objetivo que, como política de país, nos podríamos trazar, independientemente de las tendencias políticas de cada gobierno en los próximos años. 
 
Precisamente, en esa línea se encuentra el reciente anuncio a fines de enero de 2022 por parte del Ministerio de Energía y Minas, en el sentido de que en este año se realizarán subastas públicas de energías renovables por 2000 MW. Sobre el particular, se calcula que poco más del 5% de la matriz energética nacional está compuesta por energías renovables no convencionales, muy por detrás de otras economías similares de la región, como es el caso de Colombia (12%) y Chile (36%). En tal sentido, existe un potencial muy grande a efectos de que, a través de la iniciativa pública, se apueste por el desarrollo y promoción de nuevos proyectos de energía renovable, considerando a su vez el potencial que geográfica y naturalmente tiene el Perú para el desarrollo de este tipo de energía, incluyendo  energías eólicas, solares e hidroeléctricas, de manera que se pueda tener en el mediano o largo plazo una matriz energética con un mayor componente de renovables y más diversa en sus tipos de fuentes. 
 
Asimismo, actores del sector financiero destacaron que los organismos multilaterales vienen jugando un papel cada vez más importante en orientar las inversiones hacia proyectos renovables o verdes, no solo a nivel Latinoamérica sino globalmente, y el Perú puede y debe aprovechar esta tendencia. Lo mismo ocurre con las AFP peruanas, las cuales han sido durante las últimas décadas los principales inversionistas institucionales y que, a pesar del golpe sufrido por las normas emitidas en el marco de la pandemia del Covid-19, aún cuentan con el capital y el apetito para invertir en este tipo de proyectos de energía renovables.

Conclusiones y Reflexiones Finales

Durante los últimos años, el Perú atraviesa una actualidad compleja a causa de distintos factores, incluyendo la pandemia ocasionada por el Covid-19 y la inestabilidad política. Diversos actores del sector privado y financiero en el Club Meeting organizado por GRI Club, conjuntamente con Cuatrecasas, han identificado una serie de problemas que vienen desincentivando o generando obstáculos para la inversión privada de proyectos de infraestructura y energía. 
 
Al respecto, se recomienda, entre otras propuestas: (i) brindar una mayor independencia y autonomía a funcionario públicos calificados y que ocupen posiciones clave y de toma de decisiones en entidades del Estado relevantes para el desarrollo de proyectos y APP (incluyendo a ProInversión); (ii) delimitar claramente a nivel de regulación legal las funciones y roles de las distintas entidades del Estado que intervienen en el desarrollo y ejecución de un proyecto; (iii) en adición a mecanismos de solución de controversias como el arbitraje (nacional o internacional) normalmente utilizados en contratos de concesión y de APP, implementar mecanismos alternativos que involucren a terceros independientes de manera efectiva, como los Dispute Boards o peritos o técnicos independientes calificados; y, (iv) discutir de manera  necesariamente técnica y específica cualquier cambio al marco constitucional o legal sobre promoción y protección de la inversión privada a efectos de mejorar la regulación aplicable en lo que resulte necesario. 
 
Adicionalmente, se destacó el potencial geográfico y natural que tiene el Perú para el desarrollo y ejecución de proyectos en energía renovables o verdes (incluyendo eólicas, solares e hidroeléctricas), destacándose al respecto el reciente anuncio por parte del Ministerio de Energía y Minas, en el sentido de que en este año se realizarán subastas públicas de energías renovables por 2000 MW. Finalmente, los distintos actores del sector privado y financiero destacaron las oportunidades, capacidad e interés por realizar inversiones en este tipo de proyectos de energía renovables y verdes, por lo que se recomienda que el gobierno continúe con este tipo de iniciativas para la promoción de aquel tipo de inversiones en Perú.


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Aldo Reggiardo
Aldo Reggiardo
Partner
Cuatrecasas - Peru
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